Joseph Molina Flynn se declaró culpable de fraude electrónico y evasión fiscal; cobró trámites migratorios que nunca realizó y enfrenta una sentencia en diciembre.
Joseph Molina Flynn, exjuez municipal y abogado de inmigración de 43 años que ejerció en Rhode Island y Massachusetts, admitió ante un tribunal federal que cobró cerca de USD 98.000 a clientes inmigrantes por trámites legales que nunca realizó y les mintió sobre el estado de sus casos, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La declaración de culpabilidad se produjo el 22 de septiembre ante el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John J. McConnell Jr., en Providence.
El expediente, difundido por USCIS, detalla que Molina Flynn se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y otro de evasión fiscal. Según la fiscalía, el esquema se extendió entre 2019 y 2023: durante ese periodo el abogado cobró honorarios y tarifas de presentación de documentos a personas que buscaban regularizar su situación migratoria, pero en muchos casos no ejecutó ninguno de los servicios pactados.
El dinero, de acuerdo con la misma versión, se destinó a cubrir gastos personales, incluidas deudas de tarjeta de crédito y el préstamo de su automóvil. Molina Flynn también reconoció haber proporcionado a sus clientes información falsa sobre el estado de sus trámites migratorios, un punto que la fiscalía subraya por su impacto potencial en la estabilidad legal de personas en situación de vulnerabilidad.
El caso comenzó a tomar forma pública en enero de 2025, cuando agentes del FBI allanaron sus oficinas en Providence tras denuncias de clientes que aseguraban que el abogado había utilizado su dinero de forma indebida y había abandonado sus casos. La investigación fue realizada en conjunto por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Policía de Providence y el FBI, con asistencia de USCIS.
El segundo frente del caso fue fiscal. Molina Flynn admitió que no presentó su declaración de impuestos federales de 2021 y que tomó medidas activas para ocultar sus ingresos y obligaciones de nómina, como usar la cuenta operativa de su bufete para pagar gastos personales. La pérdida fiscal atribuible a la evasión, según el acuerdo entre las partes, se sitúa entre USD 550.000 y USD 1.500.000.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, el exabogado deberá pagar USD 83.265 en restitución a las víctimas del fraude electrónico. También está obligado a presentar declaraciones de impuestos federales corregidas para los años fiscales 2019 a 2023 y a abonar al Tesoro de Estados Unidos los impuestos adeudados, con intereses y multas, de acuerdo con la información del caso.
The Providence Journal reportó que Molina Flynn deberá vender además su vivienda en el 82 de Woodbridge Drive, en East Greenwich, y destinar parte de los fondos a la restitución a las víctimas, USD 100.000 al Tesoro federal y cualquier remanente a sus obligaciones tributarias pendientes.
La sentencia está prevista para el 17 de diciembre de 2026. El cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal, mientras que la evasión fiscal puede sumar hasta cinco años adicionales, lo que eleva el techo teórico a 25 años de prisión. Ambos cargos incluyen posibles multas y periodos de libertad supervisada. No obstante, la fiscalía acordó recomendar una pena dentro del rango más bajo de las directrices federales de sentencia a cambio de la declaración de culpabilidad.
Molina Flynn permanece en libertad bajo fianza, con restricciones de viaje limitadas a Rhode Island, Massachusetts y Connecticut, después de que la fiscal adjunta Sandra Hebert objetara una propuesta inicial que le permitía desplazarse por todo el país, de acuerdo con la cobertura del caso.
Para la comunidad inmigrante, el expediente deja una advertencia práctica: el propio USCIS y las agencias que investigaron el caso remiten a verificar el estatus de un trámite directamente con las autoridades migratorias y no solo con quien lo tramita. La sentencia de Molina Flynn se conocerá el 17 de diciembre de 2026; su abogado defensor, John Calcagni, declinó hacer comentarios hasta después de esa audiencia, según la cadena WPRI.
Fuentes: Infobae
