Acumular 40 créditos laborales no basta: la agencia exige además presencia legal vigente para pagar los beneficios y puede suspenderlos si el estatus migratorio cambia.
Tener permiso de trabajo y número de Seguro Social en Estados Unidos no garantiza poder cobrar la jubilación de la Administración del Seguro Social (SSA). De acuerdo con las reglas de la agencia difundidas por El Cronista, el trabajador extranjero debe cumplir los requisitos de elegibilidad y, sobre todo, acreditar presencia legal durante cada mes en que recibe el pago, una condición que puede romperse si su situación migratoria cambia antes de jubilarse.
La SSA exige 40 créditos laborales para acceder a la pensión, cantidad que se obtiene trabajando y pagando los impuestos correspondientes. Muchos inmigrantes reúnen ese historial tras años de empleo formal; sin embargo, el medio señala que la autorización laboral por sí sola no abre la puerta al cobro, porque la agencia aplica reglas adicionales según cuándo y bajo qué condiciones la persona obtuvo su número de Seguro Social.
El punto crítico es la presencia legal. Según lo publicado por El Cronista, los extranjeros que cobran beneficios mientras permanecen en Estados Unidos deben acreditar situación migratoria válida durante el mes correspondiente. Un trabajador puede haber aportado durante décadas y alcanzado los 40 créditos, pero enfrentar dificultades para recibir el dinero si deja de cumplir esas condiciones.
La pérdida del estatus migratorio no borra automáticamente los créditos acumulados. La SSA conserva el historial de ingresos y lo usa para determinar si la persona reúne los requisitos de jubilación. Lo que puede interrumpirse es el pago: si el trabajador permanece en el país sin cumplir las condiciones de presencia legal, queda impedido de recibir los beneficios correspondientes a los meses en que no acredita ese requisito. Conservar los aportes, aclara el texto, no equivale a tener garantizado el cobro.
El material también distingue el caso de las personas deportadas o expulsadas bajo disposiciones específicas de la legislación migratoria. Para ellas, la SSA contempla que no puedan cobrar beneficios de jubilación o discapacidad. La suspensión comienza el mes siguiente a aquel en que la agencia recibe la notificación de las autoridades federales y puede mantenerse hasta que la persona sea admitida de nuevo como residente permanente legal en Estados Unidos.
Para quienes salen del país, la regla general es que los beneficiarios que no son ciudadanos estadounidenses dejan de recibir sus pagos tras permanecer fuera seis meses calendario consecutivos. La cuenta de esa ausencia empieza cuando la persona lleva 30 días consecutivos fuera del territorio, y si no aplica ninguna excepción, los pagos se suspenden a partir del séptimo mes.
La información difundida no detalla el catálogo completo de excepciones que la agencia contempla para quienes viven fuera de Estados Unidos ni los tiempos de trámite para reportar cambios de estatus. Tampoco se precisan los casos individuales en los que la SSA revisa la elegibilidad, por lo que el medio se limita a describir el marco general aplicable.
Para los inmigrantes con permiso de trabajo que planean jubilarse en Estados Unidos, la recomendación práctica que se desprende del material es revisar su historial de créditos ante la SSA y verificar que su situación migratoria se mantenga vigente durante los meses en que reciben pagos. Quienes salgan del país deben considerar que la ausencia prolongada puede derivar en la suspensión de los beneficios, salvo que aplique una excepción prevista por la agencia.
Fuentes: El Cronista