La gerente general de la COMAPA de Nuevo Laredo, Silvia Fernández Gallardo, confirmó que los trabajos de instalación de boyas que realizan autoridades estadounidenses en el río Bravo están generando complicaciones operativas en las plantas de captación Norte y Centro del organismo. Según la funcionaria, la actividad constante de lanchas y maquinaria durante jornadas prolongadas remueve sedimentos en un cauce poco profundo, los cuales obstruyen las bocatomas y han obligado a duplicar las intervenciones diarias de buzos para retirar lodo y desechos. Son hechos atribuidos a una fuente institucional identificada, no una especulación: el propio organismo municipal describió el problema y su respuesta operativa.
El dato merece atención por su naturaleza esencial. No se trata de una molestia administrativa ni de un incidente aislado, sino del suministro de agua potable de una ciudad fronteriza de primer orden. Cuando la captación depende de maniobras de mantenimiento extraordinarias —buzos trabajando el doble de lo habitual— el margen de error se reduce: cualquier eventualidad climática, falla de equipo o retraso en las cuadrillas puede traducirse en desabasto. El análisis es directo: la operación ordinaria de un sistema de agua no debería estar sostenida por medidas compensatorias permanentes.
El asunto tiene además una dimensión binacional que conviene subrayar. El río Bravo es un cauce compartido y su gestión está regulada por un marco treaty-based que se expresa institucionalmente en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y su contraparte estadounidense, la IBWC. Que la propia COMAPA haya recurrido a esa vía para coordinar con las autoridades del otro lado confirma que el problema no se resuelve en el ámbito municipal, sino en el de la cooperación técnica entre países. Es en ese espacio donde deben acordarse calendarios, horarios y métodos de trabajo que reduzcan el impacto sobre las bocatomas.
Esta redacción no afirma que exista negligencia ni atribuye intenciones a las autoridades estadounidenses: la información disponible describe una afectación operativa, no un acto deliberado contra Nuevo Laredo. Pero precisamente por eso resulta razonable esperar tres cosas: que la CILA documente y dé seguimiento formal a la queja, que se establezca un canal técnico permanente entre operadores de ambos lados y que la COMAPA haga público su plan de contingencia —reservas, monitoreo de calidad del agua, mantenimiento preventivo— para que la ciudadanía conozca cómo se protege el servicio mientras las maniobras continúen.
El agua potable es el bien más sensible de la frontera y el menos tolerante a la improvisación. La instalación de boyas puede ser legítima en su origen y, aun así, incompatible con la operación de una planta de captación si no se coordina. Corresponde a las instituciones involucradas demostrar que la coordinación existe y funciona; a la COMAPA, informar con periodicidad sobre el estado de las bocatomas; y a las autoridades estatales y federales, respaldar gestiones que trascienden su jurisdicción. Nuevo Laredo no puede depender de que el río esté quieto para tener agua.