En el marco del Día de la Paz, que se conmemora este 21 de septiembre, la Alianza de Pastores de Reynosa y la Dirección General de Asuntos Religiosos del Gobierno de Tamaulipas sostuvieron un encuentro para definir acciones conjuntas en materia de valores familiares, atención a grupos vulnerables y reconstrucción del tejido social. Se trata de un hecho concreto y verificable: existe un acercamiento formal entre asociaciones religiosas, autoridades estatales y el Ayuntamiento, en el que participaron la directora de Asuntos Religiosos, Arleth Fuentes; el presidente de la Alianza, Benjamín Torres, y la regidora Elizabeth Garza Faz. Las acciones se enmarcan en el Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado y en una estrategia impulsada desde el ámbito federal.
Como medio, valoramos positivamente que las instituciones busquen coordinarse en un tema que ningún actor puede resolver por sí solo. Reynosa es una ciudad fronteriza con una historia reciente de desafíos severos en materia de seguridad y convivencia, y en ese contexto cualquier esfuerzo sostenido por ampliar la presencia institucional en colonias y comunidades merece atención. Las iglesias son, con frecuencia, organizaciones con arraigo territorial, capacidad de convocatoria y contacto directo con familias que el aparato estatal no siempre alcanza con la misma agilidad.
Dicho eso, conviene distinguir con claridad los ámbitos. El Estado laico mexicano existe por razones de igualdad y de convivencia plural, y la colaboración con asociaciones religiosas no puede traducirse en delegación de obligaciones que corresponden a la autoridad: seguridad, salud, educación y asistencia social son responsabilidad primaria del gobierno, no de las iglesias. La fe puede acompañar y sumar, y así lo plantearon los propios participantes; sustituir, no. La línea debe ser nítida y explícita, para evitar tanto la instrumentalización política de los púlpitos como la privatización de derechos sociales.
El otro punto crítico es la medición. Hasta ahora la información disponible describe intenciones, áreas de trabajo —salud, deporte, evangelismo, cadenas de oración, educación— y voluntad de coordinación. Nada de eso permite afirmar resultados. Un esfuerzo de esta naturaleza solo será creíble si define metas verificables, responsables, calendarios y mecanismos de transparencia sobre los recursos involucrados, si los hay. Sin indicadores, la paz se vuelve declaración retórica y la ciudadanía queda sin forma de evaluar lo que se hizo en su nombre.
También importa la representatividad. La Alianza de Pastores habla por un segmento del universo religioso de Reynosa, no por todas las confesiones ni por la sociedad en su conjunto. Si el objetivo es reconstruir el tejido social, el diálogo debe ser incluyente y sumar a otras iglesias, a organizaciones civiles, a universidades, a colectivos vecinales y, sobre todo, a las propias comunidades afectadas. Una paz construida únicamente entre autoridades y un interlocutor privilegiado tiende a ser frágil.
Nuestra posición editorial es clara: celebramos la disposición al encuentro y la disposición a trabajar en territorio, y pedimos que ese impulso se traduzca en compromisos públicos, medibles y auditables, respetuosos del Estado laico y de la pluralidad de Reynosa. La paz no se decreta con un acto protocolario ni se agota en una conmemoración anual; se construye con instituciones que cumplen, con sociedad que participa y con cuentas que cualquiera pueda revisar.