La Presa El Cuchillo, principal fuente de abastecimiento del área metropolitana de Monterrey, enfrenta una doble presión sobre sus reservas. Tras la ligera recuperación por las lluvias de octubre, parte de su volumen está comprometido para saldar la deuda de México con Estados Unidos, mientras se acerca la fecha límite para definir el trasvase a Tamaulipas. Los hechos verificados son claros: durante 2025 El Cuchillo envió 410 millones de metros cúbicos a Texas mediante tres desfogues, cifra equivalente al consumo total de la ciudad durante diez meses, y no se descarta un nuevo envío antes del 24 de octubre. En paralelo, Conagua tiene hasta el 31 de octubre para resolver el trasvase anual a la presa Marte R. Gómez; el convenio de 1996 establece que el envío procede si El Cuchillo almacena más de 516 millones de metros cúbicos y la presa tamaulipeca menos de 700 millones. Con los niveles actuales —691.6 y 575 millones, respectivamente— las condiciones se cumplen, y se estima un envío de aproximadamente 125 millones de metros cúbicos.
El debate no puede reducirse a la pregunta de si habrá o no trasvase. México tiene compromisos internacionales y un acuerdo interestatal que no son opcionales; la cuestión es cómo cumplirlos sin poner en riesgo el abasto humano y con información suficiente. La magnitud de los 410 millones de metros cúbicos enviados a Texas ilustra que no se trata de un ajuste menor: es una porción relevante de la capacidad de la presa. Por ello, es legítimo que la sociedad pregunte cuánto margen queda, bajo qué criterios se prioriza el agua y qué plan existe para enfrentar un ciclo seco. La transparencia no es una concesión, sino una condición para que las decisiones sean legítimas.
En el caso de Tamaulipas, todo indica que las condiciones del convenio de 1996 se cumplen. Si Conagua confirma el trasvase, la decisión estaría sustentada en la norma y en los niveles actuales; negarla sin fundamento técnico o jurídico generaría incertidumbre. Pero la legalidad debe acompañarse de una explicación pública del operativo, del calendario, del efecto sobre El Cuchillo y del monitoreo posterior. No basta con invocar el convenio: hace falta demostrar que su aplicación no compromete el consumo humano de Monterrey ni deteriora de forma irreversible la fuente.
La especialista Rosario Sánchez advirtió en el foro Construyendo Puentes que la Cuenca del San Juan adquiere un peso político y de seguridad nacional, además del hídrico y social. Esa dimensión geopolítica es real y no debe ignorarse. Sin embargo, reconocerla no significa suspender los criterios técnicos ni usar la seguridad nacional como argumento para evitar rendición de cuentas. Los límites y condiciones del uso del agua para compromisos internacionales deben ser explícitos. Este medio considera que Conagua debe publicar los balances actualizados, el calendario de compromisos, el impacto previsto y un plan de contingencia coordinado con Nuevo León y Tamaulipas, con prioridad absoluta al abasto humano.
La prueba no será solo enviar agua o cumplir un plazo. Será demostrar que la decisión se toma con información pública, base legal y previsión. El Cuchillo puede atender compromisos solo si su gestión es transparente, eficiente y planificada. No se trata de negar obligaciones ni de ocultar costos, sino de explicar con claridad cómo se administra un recurso finito. La fecha límite se aproxima; la ciudadanía necesita hechos verificables y autoridades dispuestas a rendir cuentas.