Organizaciones de defensa legal y especialistas plantean revisar los acuerdos 287(g) y las normas estatales que obligaban a hospitales, escuelas y policías a colaborar con el control migratorio.
La victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Texas, con Gina Hinojosa como gobernadora electa y James Talarico como senador electo, abrió la discusión sobre el desmantelamiento de las políticas antiinmigrantes estatales que, de acuerdo con la organización RAICES, fracturaron el tejido social de las comunidades hispanas en la entidad. El reporte de Grupo Animal, firmado por Erendira Aquino y publicado el 6 de noviembre de 2026, recoge la lectura de defensores y abogados sobre lo ocurrido en las urnas del martes y lo que sigue en el plano institucional.
Antes de la jornada electoral, el clima político en Texas estaba marcado, según la publicación, por la confrontación del gobierno local de corte republicano con la comunidad latina y por una infraestructura de control migratorio que privatizó la detención y llevó funciones migratorias a corporaciones policiacas. En un estado donde 4 de cada 10 habitantes son de origen hispano y la población hispana supera los 12 millones de personas, esas medidas no se quedaron en promesas de campaña: se tradujeron, de acuerdo con el texto, en una vulnerabilidad cotidiana.
El costo humano se hizo visible, según el reporte, en el caso de Fran Gregory Portillo Zapata, ciudadano venezolano que falleció bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en San Antonio el pasado 29 de octubre.
Javier Hidalgo, director de asuntos públicos de RAICES —organización de defensa legal con sede en San Antonio y oficinas en Austin, Houston, Dallas y Corpus Christi—, describe que “la retórica antiinmigrante, la estigmatización y la demonización de los ‘no ciudadanos’ realmente empiezan a pasar factura”, con “un peso emocional, una sensación de pequeñez e invisibilización”. El efecto, explica, es que la gente reduce su presencia pública: “Hay menos deseo de hacerse notar en entornos donde uno puede convertirse en un blanco”. Ese ambiente, añade, no distinguió estatus migratorio y alcanzó a familias mixtas, ciudadanos y residentes con temor a la separación de sus seres cercanos.
Las preocupaciones del electorado no se limitaron a la migración. Las encuestas y sondeos previos citados por el medio reflejaban el costo de la vida, la inflación, el encarecimiento de los combustibles y el descontento ante la corrupción política. “El descontento económico unió de forma orgánica a comunidades que exigían un alto a las políticas punitivas”, sostiene Hidalgo.
Durante su discurso de la noche electoral en Austin, ante cientos de seguidores, Hinojosa afirmó: “Esta noche hago una promesa solemne a cada uno de los texanos, ya hayan votado por mí, por Greg Abbott o se hayan sentido tan traicionados por la política fracturada que decidieron no votar: su gobierno les pertenece y, como su gobernadora, nunca lo olvidaré”. También expresó: “Me molestaba que dudaran de nosotros… Ahora estoy aquí de pie, humilde y agradecida”.
El abogado Manuel Díaz sostiene que se trata de un resultado sin precedentes en un estado que llevaba más de tres décadas sin un triunfo demócrata de esa magnitud a nivel estatal, con victorias en la gubernatura, puestos legislativos, fiscalías y tribunales locales. Aunque el control migratorio sigue siendo de jerarquía federal, la nueva correlación de fuerzas permitirá, según el especialista, frenar las directrices punitivas locales —como el uso de policías estatales en funciones migratorias— y reevaluar la cooperación de los condados con ICE. En el plano federal advierte contrapesos limitados por la posibilidad de vetos ejecutivos, lo que mantiene incertidumbre sobre reformas como DACA o las visas de trabajo.
Hidalgo plantea como primer paso revertir las normativas estatales y revisar los acuerdos 287(g), para que las fuerzas de orden local dejen de fungir como agentes migratorios. Entre las prioridades que enumera están anular las reglas que exigen a los hospitales verificar el estatus migratorio, garantizar acceso a la salud sin temor a detenciones y retirar las presiones presupuestarias sobre escuelas y departamentos de policía, redirigiendo esos fondos al desarrollo local.
El reporte no precisa los márgenes de la victoria ni detalla anuncios concretos de la gobernadora electa sobre la reversión de estas normas; las medidas descritas por Hidalgo y Díaz son propuestas y rutas jurídicas, no disposiciones ya publicadas.
El siguiente paso institucional es la revisión de los acuerdos 287(g) y de las normativas estatales que involucran a hospitales, escuelas y policías en funciones migratorias. El alcance de esos cambios dependerá de la nueva integración de la legislatura texana y de la relación con el gobierno federal, donde los vetos ejecutivos siguen siendo un límite real. El material consultado no confirma calendarios, órdenes ejecutivas estatales ni tomas de protesta formales.
Fuentes: Grupo Animal
