Se establecen penas de prisión y multas para quienes ofrezcan títulos académicos no autentificados.
El Congreso de Tamaulipas ha aprobado reformas al Código Penal del Estado que endurecen las sanciones para las escuelas que operen sin autorización oficial y para quienes expidan títulos sin la debida validación.
Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el poder legislativo local ha implementado modificaciones a los artículos 189 Ter y 418 del Código Penal, con el objetivo de proteger a los estudiantes de fraudes educativos. Esto se traduce en penas de cuatro a ocho años de prisión para aquellos que proporcionen servicios educativos sin la autorización correspondiente, así como multas que oscilan entre mil y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las reformas fueron impulsadas por los diputados Yuriria Iturbe Vázquez e Isidro Jesús Vargas Fernández, miembros del partido Morena.
Las nuevas disposiciones tipifican también como fraude la expedición o entrega de títulos, diplomas o grados académicos sin la autenticación de las autoridades pertinentes, particularmente cuando existe engaño y la intención de lucro. Este cambio legislativo busca combatir el funcionamiento de instituciones que lucran con la educación, al tiempo que se brinda mayor protección a aquellos que dedican tiempo y recursos a su formación profesional. Al endurecer las penas, el Congreso de Tamaulipas se alinea con la necesidad de garantizar una educación de calidad y un profesionalismo íntegro en el ámbito educativo.
Con esta reforma, el Congreso pretende cerrar la brecha que permite a instituciones no autorizadas operar impunemente, asegurando así un sistema educativo más seguro para los tamaulipecos.