El Poder Judicial busca formalizar la solicitud de tres nuevos jueces al Congreso para atender el incremento en la carga laboral.
La presidenta del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, confirmó que se encuentra en negociaciones con el Congreso local para incorporar al menos tres nuevos jueces, debido a la transición al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que generará un aumento en la carga de trabajo.
Estos ajustes son necesarios en virtud del plazo constitucional establecido para que el nuevo sistema de oralidad opere plenamente, el cual vence el 1 de abril de 2027. Contreras López explicó que aún corresponde al Congreso determinar el mecanismo de incorporación de los nuevos jueces, que podría realizarse mediante la elección judicial o habilitaciones para cubrir las necesidades del servicio judicial. Además, mencionó cambios internos en la estructura de jueces, incluyendo la solicitud de licencia de dos juzgadores, lo que ya fue comunicado al Congreso estatal. Dichos cambios han sido impulsados tanto por solicitudes de los propios jueces como por las demandas del sistema judicial. En este contexto, Contreras López ha propuesto al Congreso establecer alternativas para una mejor distribución de la carga laboral, considerando esquemas que integren perfiles de carrera judicial con experiencia práctica. Este enfoque se ha vuelto relevante tras la reforma constitucional que introdujo la elección de jueces mediante voto popular, modificando así la forma de integración del Poder Judicial. Para enfrentar estos desafíos, se ha planteado la necesidad de definir criterios rigurosos en las leyes secundarias que fortalezcan la carrera judicial y la experiencia profesional, garantizando que el nuevo sistema de justicia civil y familiar esté completamente preparado para 2027, en respuesta a la creciente demanda de justicia en Tamaulipas.
En consecuencia, el nombramiento de los nuevos jueces estará condicionado a la necesidad de satisfacer la creciente demanda de justicia y asegurar una estructura judicial que cumpla con los plazos establecidos para la nueva normativa.