La entidad se sumó al Acuerdo Nacional para la Regulación del Uso de Celulares en escuelas de educación básica, aprobado por las 32 autoridades educativas del país en el Conaedu.
Tamaulipas aplicará a partir de octubre una restricción al uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, luego de sumarse al Acuerdo Nacional para la Regulación del Uso de Celulares en las escuelas de educación básica. La medida importa más allá del aula: toca la vida cotidiana de las familias, redefine reglas que hasta ahora se decidían plantel por plantel y abre un debate sobre cómo convive la escuela con la tecnología que los estudiantes ya llevan en la mochila.
El acuerdo fue aprobado durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, con la participación de autoridades educativas de las 32 entidades federativas. En esa reunión participó el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien confirmó la incorporación del estado a la estrategia nacional.
La SEP informó que el Conaedu alcanzó un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas a partir del próximo mes. De acuerdo con lo establecido, en primaria y secundaria se plantea “una restricción total durante toda la jornada escolar”, mientras que en educación media superior y superior cada institución definirá sus propias reglas.
¿Por qué se restringe el celular y no simplemente se prohíbe sin más? El objetivo declarado de la medida es reducir las distracciones en las aulas y favorecer la atención, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes. En términos sencillos: la discusión no es solo si el teléfono distrae, sino si la escuela debe regular cuándo y para qué se usa. El propio acuerdo surgió de un proceso de consulta que incluyó a docentes, especialistas, madres y padres de familia, además de foros realizados en distintas regiones del país.
Uno de los datos que respalda la decisión proviene de una consulta nacional previa de la SEP, en la que participaron 565 mil 396 docentes. De ellos, 81 por ciento manifestó estar a favor de contar con lineamientos que garanticen un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos digitales. Ese matiz es relevante: buena parte del magisterio no pide eliminar la tecnología, sino ordenar su uso para que no interfiera con la clase.
En la práctica, la medida abarcará a escuelas públicas y privadas de nivel básico, aunque con diferencias. De acuerdo con la cobertura del caso, en los planteles públicos se solicitará evitar el traslado de los dispositivos, mientras que en los privados se permitirá resguardarlos bajo esquemas seguros. La Secretaría de Educación de Tamaulipas señaló que la entidad se incorpora a esta estrategia nacional con el objetivo de generar condiciones que favorezcan el aprendizaje y la convivencia dentro de los planteles.
Para las familias, el cambio implica reorganizar rutinas concretas: qué se hace con el teléfono al entrar a la escuela, quién lo resguarda y qué ocurre si un estudiante lo lleva por necesidades de comunicación con su casa. Para los docentes, supone pasar de una regla informal, variable según el plantel, a un lineamiento común de alcance nacional. Ese es el punto central: la restricción no solo cambia lo que ocurre en el salón, sino que homologa criterios entre escuelas que hasta ahora actuaban por separado.
No se ha detallado públicamente cómo se aplicará la restricción en cada plantel del estado, qué mecanismos de resguardo se usarán ni si habrá consecuencias específicas para quienes incumplan, por lo que esos aspectos permanecen sin confirmar.
El siguiente paso es la entrada en vigor de la restricción en octubre en primaria y secundaria de Tamaulipas, mientras que los planteles de media superior y superior deberán definir sus propias reglas. La implementación quedará en manos de la Secretaría de Educación estatal, en el marco del acuerdo nacional avalado por las 32 entidades.