La designación de cuatro personas y 11 empresas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, produjo dos respuestas distintas desde Tamaulipas. El Gobierno del Estado aseguró que ninguna de esas personas ni compañías ha contratado con la administración estatal desde el 1 de octubre de 2022 y ordenó bloquear nuevas contrataciones. El Ayuntamiento de Nuevo Laredo, en cambio, reconoció que dos de esas empresas están inscritas en sus padrones de proveedores y contratistas y han mantenido relaciones contractuales, y dispuso auditar los procedimientos y recursos públicos involucrados. No es un detalle menor: la forma en que cada autoridad explica qué contrató, con quién y bajo qué controles es la primera prueba de su compromiso con la transparencia.
Los hechos son acotados. La OFAC designó el 13 de octubre a cuatro personas y 11 empresas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, e identificó una red de negocios en carreras de caballos, construcción, transporte de carga y combustibles que, según la autoridad estadounidense, habría servido para lavar dinero y financiar al grupo criminal. Entre las compañías señaladas están CEGESA y COPASA, con operaciones en Nuevo Laredo. Conviene precisar la naturaleza del acto: una designación de la OFAC es una medida administrativa de un gobierno extranjero, no una sentencia dictada en México, y las empresas conservan el derecho a defenderse. Pero también es una señal de riesgo que ninguna autoridad puede ignorar, porque afecta el acceso al sistema financiero, la reputación institucional y la integridad de las compras públicas.
Leídas con cuidado, las dos posturas no necesariamente se contradicen: se refieren a ámbitos de gobierno distintos, a padrones distintos y probablemente a periodos distintos. El estado habla de sus propios registros de obra pública y de proveedores; el municipio habla de los suyos. La diferencia relevante no es la contradicción, sino el contraste de posturas: una autoridad responde con una verificación y un «no» categórico; la otra con un reconocimiento y una auditoría en curso. Ambas pueden ser legítimas, pero el estándar institucional no puede quedarse en «no aparecen en el padrón».
En nuestra lectura, bloquear nuevas inscripciones, adjudicaciones y contrataciones con las personas y empresas designadas —como instruyó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— es una medida preventiva necesaria, pero incompleta. Lo decisivo es revisar los contratos ya celebrados y ejecutados: objeto, montos, fechas, pagos, subcontrataciones y, sobre todo, si los bienes o servicios se entregaron real y efectivamente. También importa revisar la cadena de proveedores, porque una empresa señalada puede operar a través de terceros con nombres distintos. Y conviene saber si existieron alertas previas al 13 de octubre y qué se hizo con ellas. La auditoría anunciada por Nuevo Laredo debe ser pública en su alcance, sus plazos y sus resultados, y no limitarse a dos nombres.
La coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Unidad de Inteligencia Financiera, ofrecida por el Gobierno de Tamaulipas, es la vía institucional correcta, y el municipio debería sumarse a ella sin reservas. Ninguna autoridad gana algo ocultando información cuando la ruta verificable está disponible. La transparencia no consiste en declarar que todo se hizo conforme a la ley, sino en mostrar los expedientes que lo demuestren, y en sancionar si no es así.
El asunto ofrece a Tamaulipas la oportunidad de fijar un precedente: responder a señalamientos externos con auditorías publicadas, no con desmentidos. Ese criterio protege por igual los recursos públicos, la reputación de las instituciones y los derechos de las empresas que puedan aclarar su situación. La pregunta que queda abierta no es si hubo o no contratos, sino qué se hará con los que existieron y cómo se evitará que vuelvan a ocurrir.