La presidenta señaló que la Fiscalía General de la República debe determinar si existió actividad ilegal en la planta de almacenamiento de Guanajuato donde se aseguraron 59 millones de litros.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar si en la planta de almacenamiento de Guanajuato donde se aseguraron 59 millones de litros de combustible había una actividad ilegal y de qué tipo, según reportó La Jornada. El pronunciamiento se produjo en el marco de la controversia por el aseguramiento, cuyo origen ilícito no ha sido confirmado por resolución judicial alguna hasta el momento.
De acuerdo con La Jornada, la mandataria sostuvo que la determinación sobre la naturaleza de lo hallado en la instalación corresponde a la autoridad ministerial federal y no al Ejecutivo. Con ello, la presidenta remitió a la FGR la definición sobre si el combustible almacenado provenía de una actividad ilícita —el llamado huachicoleo— o si se trataba de una operación con documentación en regla.
El aseguramiento, que la fuente reporta por un volumen de 59 millones de litros, constituye por ahora un acto de autoridad en el marco de una investigación. En el estado procesal actual no se ha reportado imputación formal, acusación ni sentencia contra persona alguna relacionada con la planta, por lo que cualquier referencia a responsabilidades penales permanece en el terreno de lo presunto.
La nota original no precisa el nombre del titular de la FGR que daría a conocer los avances, ni la fecha en que se espera un informe oficial. Tampoco detalla si el aseguramiento derivó de una denuncia previa, de una investigación de oficio o de un operativo de verificación administrativa, elementos que la fuente no consigna.
El caso ha generado controversia pública, según indica el propio medio, lo que ha llevado a que la Presidencia se pronuncie sobre el reparto de atribuciones informativas. Bajo el esquema constitucional vigente, la investigación de delitos federales corresponde a la FGR, mientras que la comunicación de resultados de una carpeta de investigación se sujeta a los límites de la etapa procesal correspondiente.
Hasta ahora no se ha confirmado la situación jurídica del combustible asegurado ni el destino que se le dará, y la fuente consultada no reporta pronunciamientos de la defensa de los posibles involucrados ni de la empresa o propietario de la instalación.
El caso permanece en etapa de investigación. Queda por resolverse si la FGR confirma la existencia de actividad ilícita en la planta de Guanajuato, qué tipo de delito se configuraría, si se identifica a personas investigadas y si el aseguramiento deriva en una imputación formal. Ninguna de esas definiciones ha sido reportada hasta la publicación de la fuente.