Los hechos ocurridos el martes por la tarde en la zona centro de Tampico están documentados y son verificables: una mujer identificada como Carmen fue sometida, amarrada, golpeada y rapada por comerciantes y ciudadanos que la señalan de haber cometido múltiples robos. Según los testimonios recogidos, fue sorprendida presuntamente al cometer un robo, sacada de una tienda donde se había escondido y rodeada por una multitud en la banqueta, donde fue rapada. Videos grabados durante el episodio muestran al menos a una mujer y a un hombre agrediéndola. Elementos de la Guardia Estatal la detuvieron y la pusieron a disposición de la autoridad ministerial.
Ante ese cuadro, las autoridades locales han sido claras en su postura. La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya sostuvo que, por más indignación que exista, hay mecanismos de denuncia ciudadana para atender estas cuestiones legales, y exhortó a quienes hayan sido víctimas a presentar sus denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. El coordinador de la Guardia Estatal en la zona sur, Ludwing Porras Rangel, fue igualmente explícito: nadie está facultado para tomar justicia por cuenta propia y, de acuerdo con la Constitución y la ley, quien lo hace rompe la ley. Ambos coinciden en que será la Fiscalía la que realice las diligencias para deslindar responsabilidades, e incluso señalaron que los videos del episodio pueden servir para identificar a los responsables de la agresión.
El editorial de este medio es inequívoco en ese punto. Los señalamientos contra Carmen, por numerosos y reiterados que sean, no la convierten automáticamente en culpable, y en ningún caso habilitan a una multitud para detener, atar, golpear y rapar a una persona. La presunción de inocencia y el debido proceso no son formalismos: son las garantías que protegen a cualquiera de nosotros de un castigo colectivo decidido sin pruebas, sin defensa y sin posibilidad de revisión. Cuando una turba actúa como juez, no solo ejerce violencia sobre un individuo: también puede equivocarse y no existe instancia que lo corrija.
Existe, sin duda, un problema real y legítimo detrás de esta escena: el robo al comercio en el centro de Tampico genera pérdidas, desconfianza y un desgaste cotidiano que las víctimas perciben como insostenible. Es razonable pensar que la exasperación acumulada explique, aunque no justifique, un estallido de esa naturaleza. Ese es, precisamente, el punto que conviene mirar de frente. Si la percepción de impunidad alimenta la tentación de resolver el conflicto por cuenta propia, la respuesta institucional no puede limitarse al exhorto: exige investigación, resultados visibles y una ruta de denuncia que las víctimas sientan útil y accesible.
Nuestra posición es doble y sin ambigüedad. Primero: las agresiones contra Carmen deben investigarse con la misma seriedad que los robos que se le imputan; los videos son evidencia y quienes aparecen en ellos como agresores deben ser identificados y sujetos al proceso correspondiente. No hay ciudadanos con licencia para castigar. Segundo: las denuncias por robo deben canalizarse y resolverse por la vía legal, porque la única alternativa a la justicia institucional es la venganza, y la venganza, como muestra este caso, no distingue entre culpables e inocentes ni mide consecuencias. La indignación es comprensible; el linchamiento, nunca.