La Presa El Cuchillo, principal fuente de abastecimiento del área metropolitana de Monterrey, enfrenta una doble presión sobre sus reservas. Los hechos verificables son estos: parte de su volumen está comprometido para saldar la deuda hídrica de México con Estados Unidos y, en paralelo, se aproxima la fecha límite para definir el trasvase anual a Tamaulipas. No se trata de una discusión abstracta: es el agua que sostiene a una de las zonas urbanas más pobladas del país.
Durante 2025, El Cuchillo envió 410 millones de metros cúbicos a Texas a través de tres desfogues, cifra equivalente al consumo total de la ciudad durante diez meses, según los registros expuestos por Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales. La especialista no descartó un nuevo envío antes de que concluya el ciclo actual, el próximo 24 de octubre. Es un dato que merece escrutinio público: cumplir compromisos internacionales no exime de explicar con precisión cuánto volumen se destina, bajo qué condiciones y con qué impacto para el abasto local.
De manera paralela, la Comisión Nacional del Agua tiene como fecha límite el 31 de octubre para resolver el trasvase a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas. El convenio de 1996 establece que el envío debe realizarse si El Cuchillo almacena más de 516 millones de metros cúbicos y la presa tamaulipeca tiene menos de 700 millones. Con los niveles actuales —691.6 millones en El Cuchillo y 575 millones en la Marte R. Gómez— las condiciones se cumplen, por lo que se estima un envío de aproximadamente 125 millones de metros cúbicos para nivelar el embalse vecino. Son datos concretos que configuran una obligación jurídica y operativa.
El análisis institucional es claro: el debate no debería centrarse en si México debe cumplir sus acuerdos, sino en cómo hacerlo sin poner en riesgo el abastecimiento urbano ni imponer cargas desproporcionadas a una sola cuenca. Rosario Sánchez advirtió que la Cuenca del San Juan no solo tiene una responsabilidad social para con Nuevo León, sino que se ha convertido en una pieza clave para las estrategias del Gobierno federal, con un peso político y de seguridad nacional. Esa relevancia exige transparencia: Conagua debe publicar los criterios técnicos, los calendarios y las evaluaciones de impacto antes de ejecutar cualquier envío adicional.
Nuestra posición editorial es que la decisión sobre El Cuchillo no puede resolverse como un trámite anual ni como una negociación discrecional. Se requiere coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, información pública oportuna y mecanismos de mitigación para Monterrey. Cumplir con Texas y con Tamaulipas es obligatorio; hacerlo sin comprometer el consumo humano, la industria y los servicios de la metrópoli es igualmente obligatorio. La gestión hídrica de largo plazo —inversión en infraestructura, conservación y acuerdos binacionales claros— sigue siendo la asignatura pendiente que ninguna fecha límite resolverá por sí sola.
