El comisionado Rodney Scott sostiene que reforzar la frontera es “no negociable” para la administración de Donald Trump, mientras el gobierno pide a la Corte Suprema levantar la suspensión de obras en Texas.
El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Rodney Scott, defendió el proyecto de muro y barreras en la región de Big Bend, Texas, valuado en 46 mil millones de dólares, pese a la oposición de residentes, empresarios y ambientalistas y a una orden judicial que suspendió temporalmente las obras. Lo hizo en una entrevista exclusiva con The Associated Press (AP), retomada por medios como El Tiempo y La Tarde.
En la conversación, Scott afirmó que fortificar la frontera es un objetivo “no negociable” de la administración de Donald Trump y que la prioridad de la agencia es saber quién y qué ingresa al país. “Nuestro objetivo número uno desde el primer momento es que tenemos que saber quién y qué entra en Estados Unidos”, declaró, según La Tarde. El funcionario advirtió que, si Big Bend queda sin barreras mientras otras zonas fronterizas se refuerzan, la región podría verse “completamente desbordada y destruida”.
El proyecto se financia con recursos aprobados por los republicanos del Congreso y contempla reforzar los aproximadamente 3 mil 200 kilómetros de frontera con México mediante vallas de acero de nueve metros de altura, barreras vehiculares, carreteras y tecnología de vigilancia. Scott aseguró que el gobierno construye alrededor de 19 kilómetros de infraestructura fronteriza por semana y que el muro principal —que en algunas zonas tendrá una segunda barrera— estará terminado a finales de diciembre de 2027, por delante del calendario previsto y antes de que concluya el segundo mandato de Trump.
El freno judicial se emitió a principios de octubre. De acuerdo con Periódico La Voz, la jueza federal Kathleen Cardone determinó detener los movimientos de tierra y el levantamiento de infraestructura a lo largo de un sector fronterizo de 805 kilómetros, al considerar inválidas las exenciones a regulaciones ambientales otorgadas por el Departamento de Seguridad Nacional. La orden se sustentó en la alta probabilidad de que los demandantes sufrieran daños graves e irreparables sin una medida cautelar. El Departamento de Justicia presentó entonces una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para revertir el fallo, un trámite que Aristegui Noticias consignó como una petición de la administración Trump para levantar el bloqueo judicial.
Scott sostuvo que, tras observar maquinaria en el Parque Nacional Big Bend durante agosto, ordenó suspender las actividades de construcción en esa zona mientras su equipo dialogaba con los residentes, y que la agencia busca alternativas para desarrollar infraestructura sin dañar el área natural. Evitó detallar los planes específicos por los litigios en curso, pero aseguró que el proyecto no contempla instalar muros altos de acero dentro del parque. Aun así, insistió en que las barreras naturales de la región no impedirían el ingreso ilegal por otros puntos y expresó su preocupación por que los cárteles mexicanos aprovechen las zonas sin fortificaciones.
Hillary Pierce, directora de comunicaciones de la coalición No Big Bend Wall, cuestionó esa postura y afirmó que las propias cifras del gobierno muestran que no existe una emergencia fronteriza en la región.
La CBP, con cerca de 67 mil empleados, también enfrenta críticas por su participación en operativos migratorios en el interior de Estados Unidos junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En Minneapolis, las protestas se intensificaron después de que un agente de la Patrulla Fronteriza y otro de la CBP dispararan durante un enfrentamiento en el que murió el ciudadano estadounidense Alex Pretti. El caso contribuyó a que el gobierno redujera algunas operaciones, y Scott evitó comentar sobre la investigación, que permanece a cargo del FBI. Señaló, en cambio, que la participación de la CBP lejos de la frontera ha disminuido conforme el ICE incorpora más agentes.
Durante la entrevista, realizada cerca de la frontera con Canadá, el comisionado abordó también las amenazas de contrabando marítimo y el uso de drones por organizaciones criminales mexicanas, que a su decir emplean esos dispositivos para trasladar mercancías ilícitas y vigilar a los agentes estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional anunció recientemente restricciones temporales de vuelo en una franja de aproximadamente 1.6 kilómetros al norte de la frontera con México. “Queremos asegurarnos de que esa amenaza no entre en Estados Unidos”, afirmó.
Con el caso en manos de la Corte Suprema, las obras dentro del Parque Nacional Big Bend permanecen detenidas por decisión de la propia agencia, mientras el resto del proyecto continúa con miras a concluir en diciembre de 2027. No se ha confirmado la fecha en que el máximo tribunal resolverá la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia ni el alcance final de la suspensión sobre el tramo de 805 kilómetros en Texas.
Fuentes: Infobae México, Aristegui Noticias, eltiempomx.com, La Tarde de Reynosa, Periódico La Voz
